El presidente del CDDA sostiene que la verdadera soberanía consiste en establecer reglas capaces de transformar los recursos naturales en prosperidad
El acuerdo petrolero anunciado por los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos abre una oportunidad concreta para recuperar la industria energética nacional y generar los recursos necesarios para la reconstrucción del país. Así lo plantea Leopoldo Martínez Nucete, exdiputado de la Asamblea Nacional y presidente del Center for Democracy and Development in the Americas (CDDA), en un análisis sobre el alcance del entendimiento.
Martínez propone un cambio de enfoque en el debate energético venezolano. “Venezuela ha confundido el mantenimiento de su soberanía con dejar el petróleo bajo tierra”, señala. Frente a esa visión, ofrece una definición distinta: “La verdadera soberanía consiste en establecer reglas que conviertan esos recursos en prosperidad para los venezolanos, inclusive con socios internacionales”.
Una asociación energética de largo plazo
Los reportes disponibles apuntan a una asociación energética de largo plazo orientada al desarrollo de 17 campos petroleros con un potencial estimado de 65.000 millones de barriles. El gobierno venezolano calcula que el proyecto podría atraer más de 100.000 millones de dólares en inversiones y generar unos 209.000 millones de dólares en ingresos tributarios.
Un punto que el exdiputado destaca como favorable es que las reservas continuarían perteneciendo a Venezuela, mientras Estados Unidos obtendría una participación mayoritaria en el petróleo producido en esos campos.
La solidez institucional del esquema es, a su juicio, uno de sus mayores valores. “Todos los derechos y obligaciones de la transacción pertenecerán a los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. El acuerdo sobrevivirá a cualquier ocupante de la Casa Blanca. Lo mismo ocurrirá del lado venezolano. Las obligaciones no dependerán de la voluntad política de Delcy Rodríguez, sino de instituciones, contratos válidos y reglas capaces de sobrevivir a los cambios de gobierno”, afirma.
Reforma legal para atraer capital
Martínez considera especialmente relevante que el acuerdo contemple una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para incorporar contratos de participación en la producción. Ese mecanismo, explica, permitiría la llegada de capital privado, la recuperación de campos y el aumento de la producción sin alterar la propiedad estatal de los yacimientos.
“La experiencia muestra que los operadores privados pueden aportar capital, restaurar infraestructura y elevar la producción”, sostiene el analista.
Impacto más allá del petróleo
Una inversión de esta magnitud tendría efectos que trascienden el sector energético, al dinamizar áreas como infraestructura, banca, construcción y cadenas de suministro. Los mayores ingresos fiscales, agrega, podrían destinarse a reconstruir servicios públicos esenciales: electricidad, hospitales, escuelas y comunicaciones.
El acuerdo también tendría un valor estabilizador. “Una asociación energética estable también anclaría la transición política del país e incentivaría el establecimiento de reglas predecibles, certeza jurídica y estabilidad”, comenta.
Para que ese potencial se materialice plenamente, Martínez propone acompañar los recursos con presupuestos públicos, auditorías independientes y supervisión parlamentaria, un marco de transparencia que consolide los beneficios de la inversión en el largo plazo.
